Denuncian organizaciones a favor de los derechos reproductivos de la mujer que rechazan la modificación al primer párrafo del artículo séptimo de la Constitución Política de Baja California, en noviembre del 2008. La nueva redacción protege la vida desde el momento mismo de la concepción, argumento central de los que favorecen el derecho a la vida y rechazan el uso de anticonceptivos o medidas como el aborto, bajo cualquier circunstancia:
"El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida."
La modificación al artículo séptimo de la constitución de Baja California, y sus similares en 15 entidades más tiene consecuencias en diferentes niveles: en primer lugar se pone en riesgo la integridad física y mental de muchas mujeres al dar pasos atrás con respecto al aborto. No solo se penaliza el aborto voluntario sino aquel en que la salud de la mujer este en riesgo o en los que el embarazo sea producto de una violación, vía el artículo 136 del Código Penal de la entidad. Incluso, métodos anticonceptivos como el DIU, pues parte de su función es impedir que un óvulo fertilizado se implante en el útero. En segundo lugar, es un recordatorio más de lo mucho que le falta a nuestra democracia. No se trata únicamente de quien obtiene más votos en las urnas o en los recintos legislativos.
Haciendo un uso indebido del principio de mayoría, diputados y organizaciones a favor de la vida han impuesto su moral a la ciudadanía. En sentido estricto, tienen el poder y la facultad para modificar el artículo en cuestión. Sin embargo, hacen a un lado una lucha histórica por los derechos de la mujer, décadas enteras de debates al respecto e, incluso, los avances en las políticas de salud reproductiva del Estado Mexicano. Lo hacen al actuar de manera poco transparente, sin abrir la posibilidad de discusiones y debates previos a la toma de la decisión. Impulsados por valores propios ignoran la esencia de la democracia.
Importantes y decisivas leyes han sido aprobadas por nuestros gobiernos en la obscuridad, sin transparencia, sin dar la cara a la sociedad y a los directamente afectados. Situaciones que nos dejan episodios lamentables como el gesto de Humberto Roque Villanueva al aprobar el aumento al IVA en el sexenio de Zedillo, el famoso "no lo leímos bien" de diputados perredistas luego de que se aprobara la Ley Televisa, por unanimidad, en el 2006, a pesar del rechazo de medios públicos y especialistas en medios de comunicación y legisladores como Javier Corral (PAN) por las omisiones que contenía la ley y, sobre todo, por favorecer la concentración de las señales en manos de 2 empresas en televisión y 14, en radiodifusión.
En estos casos, como en el del artículo séptimo, se hacen a un lado elementos esenciales de la democracia como aquello de que "la soberanía reside esencialmente en el pueblo", o la búsqueda del bien común. De ahí el desprecio al debate público como herramienta para acercarse a la opinión pública. Así, aún no se cumple el espíritu del derecho a la opinión, a la libertad de expresión e información, consagrados en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
Esto, no parece molestara muchos, seguimos en la infancia política.
