Al principio, la salida de Carmen Aristegui parecía un rumor. La información comenzó a fluir en diferentes plataformas de comunicación antes de la media noche del domingo. Yo me enteré por los tweets y retweets de Federico Arreola, un periodista difícil de clasificar, pero que sin duda está al tanto de las primicias noticiosas en México. La noticia se confirmaba luego de las reacciones de Lydia Cacho o de Epigmenio Ibarra, también twitteros.
Para el lunes era un hecho consumado, noticia en medios de comunicación acompañada de reacciones de diferentes actores de la política, del periodismo y la academia en México. La propia empresa MVS presentó un escueto comunicado en el que informaba que Carmen Aristegui había sido despedida por presentar como noticia una presunción. Después de eso, MVS apostará por el silencio y nada más.
La conducta de MVS y las presiones de la presidencia de la República para desquitarse con Aristegui de la manta de Gerardo Fernández Noroña son cuestiones que deben preocupar, sin duda. Lydia Cacho, remitiéndose al equipo de producción del noticiero de Aristegui, informa que la presidencia de la República exigió que la periodista leyera una disculpa pública, redactada por la representación del Ejecutivo, a lo que ella se negó. La consecuencia fue el despido. MVS, más allá del comunicado, no ha dado mayores explicaciones. Mientras, presidencia, en voz de la vocera Alejandra Sota, se deslinda de “una decisión que tomó la empresa y nos la comunicaron una vez que fue tomada". Esto, más que aclarar, fortalece el embrollo pues no queda claro qué tenía que informar MVS a presidencia de sus decisiones editoriales.
Sin duda la polémica seguirá, y no hay que darle mucha vuelta al asunto, las posiciones son claras. El asunto del código de ética es un pretexto y un eufemismo para una decisión que tiene otra naturaleza: el innegable poder del presidente de la república, relacionado con su capacidad de decisión sobre los dineros y las concesiones, así como la poca independencia de MVS, y otros medios de comunicación, frente a esos poderes. El otorgamiento de concesiones sigue siendo en México un proceso sometido a los intereses y caprichos del poder en turno, falto de transparencia y sobrado de cinismo.
Cuando Aristegui salió de W Radio, se desdeñaba el asunto pues se argumentaba que el prestigio de la periodista le permitiría encontrar otro espacio. La periodista, por su parte, habló del derecho de las audiencias en términos de la pluralidad de información y contenidos.
El episodio actual, igual que el anterior, mueve a apasionados textos y discusiones, llenos de adjetivos calificativos y camisas rasgadas. Sin embargo, ni en este caso ni el anterior, ni en los casos de otros periodistas despedidos por su medio por criterios editoriales, empresariales o comerciales, como en el caso de Sanjuana Martínez, primero en Proceso y luego en Milenio, han movido a generar instrumentos que permitan proteger el trabajo del periodista, su seguridad laboral y su integridad editorial.
¿Cuál es la protección de la periodista, del periodista, ante decisiones verticales como la de MVS?, ¿Quién redacta y administra el código de ética?, ¿el patrón, el jefe de información, el consejo editorial? ¿Con qué instrumentos cuenta Aristegui, o cualquier otro periodista, para defenderse de la decisión unilateral de MVS? ¿Cómo puede responder al señalamiento de haber violentado un código de ética? ¿Qué interlocución o mediación puede haber entre empresa, audiencia o periodista, en la que las partes asuman obligatoriedad u obediencia? Desde la autorregulación, espíritu del que nace el código de ética, no hay un órgano ante el cual las partes puedan dirimir esa diferencia. Más allá de la opinión pública, de ruedas de prensa y apasionados editoriales, el único instrumento posible, si Aristegui se toma la molestia, es un juicio civil por daño moral.
